Una normativa flexible para las distintas realidades del campo

Dentro del sector agropecuario no se puede generalizar. Agricultores y ganaderos tienen labores distintas, explotaciones diferentes y necesidades muy dispares. Incluso entre agricultores, por un lado, y ganaderos, por otro, hay notables diferencias debido a múltiples razones: tamaño de la explotación, tipo de cultivo, climatología, orografía, etc. Se mueven en escenarios que están muy atomizados por todo el territorio español.

En este sentido, tanto las normas por las que se rigen como la PAC, hay que adaptarlas a las circunstancias de cada zona. Siempre se ha dicho que la grandeza de una normativa está en su flexibilidad, esto es, su capacidad de adaptación a una realidad concreta. Por ejemplo, una pequeña explotación agrícola dedicada a la horticultura dista mucho de otra gran explotación donde se cultiva el cereal. Cada una tiene unos condicionantes que deben ser contemplados y regulados por separado. Esto mismo se puede extrapolar a las explotaciones ganaderas.

En cualquier caso, agricultores y ganaderos se muestran contrarios al exceso de burocracia, las restricciones de la UE, la competencia desleal y otros muchos factores que los llevan a abandonar la profesión. Además, con un problema añadido: no hay relevo generacional.

El sistema por el que se rigen actualmente es un contrasentido. En vez de optimizar los procesos, las autoridades los complican; el exceso de documentación que exigen requiere tiempo, recursos y demasiados trámites. Asimismo, el escaso entendimiento entre dichas autoridades y los profesionales del campo es evidente. Se debería implicar a los agentes locales y a las administraciones competentes con el fin de que existiese feedback, que hagan la función de asesorar y ayudar en vez de fiscalizar. Para ello hay que estar a pie de campo, junto a los agricultores y ganaderos, conociendo de primera mano sus necesidades e inquietudes.

Una interesante entrevista, publicada en Campo Galego, ejemplifica esta cuestión. Se contactó con 3 productores lucenses: un horticultor, Javier Miranda, y dos ganaderos, Manuel Legaspi y Andrés Fernández. Los tres han participado en la creación de una plataforma en Galicia que cuenta con más de 250 integrantes, cuyo objetivo es canalizar sus demandas con una sola voz.

Están en desacuerdo con tanta burocracia, así como con el criterio que tiene la Administración sobre la producción de alimentos y la realidad de los distintos sectores. Por otro lado, quieren demostrar a la sociedad que el foco de contaminación no está en las explotaciones ganaderas, sino en los polígonos industriales y núcleos urbanos. Incluso quieren cobrarles por los purines alegando que son residuos cuando siempre han servido como abono.

En el caso de la PAC, muchas de estas normativas vienen de la UE, pero ni en Bruselas ni tampoco en Madrid conocen la diversidad que tiene España para adaptarlas a cada zona.
El objetivo tendría que apuntar en otra dirección, haciendo atractivo el sector para que la gente que quiera incorporarse, savia nueva, lo vea atractivo y acceda a él.

Javier Miranda es un horticultor de Riotorto fiel a sus raíces, todo un referente por su conocimiento del sector, su capacidad de trabajo y su carácter emprendedor. Así ha llegado a ser uno de los grandes productores de Galicia. Empezó su actividad en las fincas familiares y ahora continúa en más de cien hectáreas de varios concejos con diversos cultivos (patatas, cebollas, pimientos, etc.). Por cierto, lo lleva con orgullo, es un auténtico embajador del producto de su tierra.

Busca respuestas a cuestiones como la siguiente: ¿Quién controla la Ley de Cadena Alimentaria? Lo lógico es que el consumidor tenga información sobre lo que come, pero el etiquetado actual no responde detalladamente a ello. En los alimentos debe figurar el país de origen de forma clara, sin embargo, hay países que no lo cumplen, es más, ni siquiera reflejan en sus etiquetas la misma trazabilidad. Javier también reclama un mayor control a los productos importados. Se da el caso de que hay empresas españolas que producen en Marruecos y después traen la mercancía a España para etiquetarla aquí. Además, no son comparables ni en calidad ni en precio. También hay que informar sobre los productos de temporada para que el consumidor no coma siempre lo mismo.

En España es más costosa la producción, dado que las rentas de las tierras son más elevadas, al igual que los salarios, y los tratamientos con productos fitosanitarios son más estrictos. Para colmo de males, La UE prohíbe algunos, como Mancozeb, para combatir la aparición de hongos en las patatas. Y lo que es peor, sin dar productos alternativos. Incluso cuando vienen a hacer las inspecciones, el trato es vejatorio.

Para los jóvenes agricultores, como Javier, la digitalización no supone un problema porque ha trabajado con aplicaciones que le permiten manejar datos de producción y registrar los tratamientos. No obstante, los que están próximos a la jubilación son más reticentes porque entraña dificultad. El dilema está ahí.

Todas las explotaciones, con independencia de su tamaño, tienen que coexistir porque cumplen una función. Para ello debe haber diversos modelos, es decir, no vale el mismo para todos. Unos pueden cultivar en ecológico y otros no, por lo que hay que contemplarlos por separado.

También es necesario diversificar las producciones agroganaderas en Galicia, así como apostar por la horticultura y cultivos más resistentes a las condiciones de un clima que está cambiando. De este modo, Galicia se podría convertir en un referente en productos de huerta, como ya lo es en vacuno de carne y leche. Incluso habría que comenzar a hacer pozos para poder regar de forma eficiente.

Con respecto a la formación y el asesoramiento, dichas labores deberían ser públicas y no correr por cuenta de los profesionales del campo, que se ven obligados a contratar técnicos privados. Por último, en las oficinas agrarias tendrían que estar los mejores ingenieros agrónomos como interlocutores. Javier concluye diciendo que la Administración está para informar, no para sancionar.

Manuel Legaspi es ganadero de leche en Pastoriza. Tiene más de 200 cabezas de ganado y cultivos forrajeros. Se muestra reacio a tanta burocracia, que le obliga incluso a sacar fotos georreferenciadas de las fincas. Por cierto, a partir de mayo, deberá designar a un veterinario de explotación que le haga el control y seguimiento de la misma, elaborando informes trimestrales de consumos de antibióticos. Admite que se controlen los antibióticos, pero no entiende la prohibición de poner una dosis de calcio o de suero a una vaca que lo necesite.

Considera que, para aplicar cualquier normativa, habría que contemplar las diferencias entre las granjas y las características de cada zona. Por otro lado, no comprende que tenga requisitos fitosanitarios o de purines tan estrictos, con el coste que supone, cuando están entrando productos de terceros países con una normativa más laxa.

Manuel también es contrario a la rotación de cultivos que marca la PAC, pues deja de labrar superficie cultivable de su explotación, con el consiguiente perjuicio económico. De igual forma, no concibe que antes le exigieran tener las fincas limpias de maleza y ahora le obliguen a dejarlas como están. Cuando muchas granjas están cerrando, es porque algo no se está haciendo bien.

Andrés Fernández es ganadero de carne en Fonsagrada. Trabaja en la explotación familiar, donde hay 600 cabezas de ganado. Reconoce que, al asentarse allí, está fijando población en el entorno rural y realiza una importante labor medioambiental. Aun así, todo son obstáculos. Después de pasarse al ecológico, le denegaron una ayuda de la PAC, lo que le supuso cuantiosas pérdidas.

Además, no está de acuerdo con los precios tan bajos para este tipo de carne. Reclama que se cumpla la ley de Cadena Alimentaria, que impide vender a pérdidas. Por otro lado, le preocupan los nuevos recortes de la PAC para zonas con limitaciones naturales (ZLN). Y no sólo eso, también le preocupa el lobo, porque al cultivar en ecológico no tiene derecho a cobrar la prima por cohabitar con grandes carnívoros. Además, se verá obligado a invertir en medidas preventivas para evitar posibles ataques.

En LISTE Maquinaria coincidimos plenamente con los agricultores y ganaderos. Tanto la normativa como la PAC se deben adaptar a los profesionales del campo y no al revés. Ellos se tienen que centrar en producir y añadir valor a su producto. Asimismo, el producto local debe promocionarse y estar debidamente identificada su procedencia con país y provincia, lo cual redundaría en beneficio de la tierra gallega abriendo nuevas posibilidades.